La iniciativa contempla terminar con interpretaciones y que quede explícitamente prohibido que la Tesorería use el mecanismo de cobro actual del CAE o cualquier otro crédito donde el Estado sea solo aval.

Mientras algunos municipios se financian gracias a la concentración de la riqueza, la mayoría sobrevive gracias a un mecanismo de solidaridad que hoy se busca debilitar.