La función de un gobierno es proteger a sus ciudadanos, no empujarlos al borde de la desesperación. Sin embargo, cada día parece más evidente que esta administración entiende el sufrimiento económico como una variable secundaria.

El desafío consiste en construir una política salarial capaz de reconocer la heterogeneidad del mercado laboral, compatibilizando protección a los trabajadores, sostenibilidad del empleo formal y capacidad de crecimiento de las empresas.